Milenio Diario

Abril 2007 

    

El periodismo mexicano es propicio a la calumnia y a la difamación. Documenta poco y personaliza mucho, un camino seguro a la imprecisión que afecta la fama de alguien.

 

Los periodistas mexicanos quieren ser críticos de su medio, en particular de los personajes públicos. Es así como han hecho un servicio mayor al país durante la transición democrática de los últimos años. Dieron voz a una sociedad inconforme, en muchos sentidos harta, y la ayudaron a cambiar su gobierno.

 

En el camino los periodistas ganamos libertad, no rigor. La libertad de todos obligó a una competencia por la credibilidad, cuya piedra de toque vigente fue, y sigue siendo, el tono crítico más que la objetividad, la denuncia más que la información, la caricatura más que el retrato de la vida pública.

 

El crítico gana credibilidad y lectores si ataca personalmente a alguien. De ahí se pasa muy pronto a un periodismo que se mete sin parar con la fama de otros, por lo general sin rigor, frente al cual los agraviados no tienen defensa.

 

Los periodistas somos impunes en los hechos. El muy querido director de este diario, Carlos Marín, dice que la reciente supresión de las penas de cárcel por calumniar o difamar, aumentará esa impunidad. Yo no lo creo.

 

En realidad, creo lo contrario. Las penas de cárcel por delitos de opinión son desproporcionadas, y penas tan altas promueven la impunidad. ¿Por qué? Porque ningún juez en su sano juicio, salvo por consigna del poderoso, es decir, salvo por la peor de las razones, privará de su libertad a alguien por haberle dicho a otro esto o aquello en la prensa.

 

Yo creo que los delitos de opinión deben pagarse en la misma moneda en que se inflingen: en prestigio del ofensor y en reparación del prestigio del ofendido. Las penas por delitos de opinión, salvo cuando se pruebe en verdad que han afectado el patrimonio de alguien, deben ser leves pero expeditas. Deben consistir en pequeñas multas y amplias retractaciones del ofensor.

 

El periodista que acusa debe documentar lo que dice y si no puede documentarlo, a juicio de un juez, debería pagar una pequeña multa, compartida con su medio, y retractarse en el mismo espacio donde ofendió.

 

Los delitos de opinión son un perfecto material para los juicios orales. Un juez cualquiera podría determinar en media hora si el periodista o el agraviado tienen razón, y dictar sentencia inapelable.

 

Juicios rápidos y penas leves, basadas en la retractación pública, serían una buena defensa para la sociedad, y un buen corrector para los excesos del periodismo.